lunes, 23 de junio de 2008

Los peones, “de sol a sol”. COMO DISCUTE EL AGRO LAS MEJORAS EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO





Ni jornada de ocho horas, ni extra por terminar la escuela, ni ropa de trabajo. A la hora de negarse a mejorar los términos de contrato del peón rural, las organizaciones “del campo” siempre estuvieron de acuerdo.


Por Andrés Osojnik

Las cuatro votaron contra la jornada laboral de ocho horas y a favor del trabajo “de sol a sol”. Las cuatro rechazaron otorgar un premio estímulo para que los trabajadores terminen la escuela. Las cuatro se opusieron a la entrega de ropa de trabajo para los peones. Las cuatro son las “entidades del campo”, aliadas ahora en la Mesa de Enlace contra las retenciones móviles y que llevan años de coincidencias a la hora de discutir las condiciones laborales de los trabajadores rurales. Así lo evidencia una recopilación de resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, el ente que regula el trabajo en el campo y que integran empleados, empresarios y el Estado, en las que figura la oposición sistemática de las cuatro cámaras rurales a distintos avances en materia de derechos laborales. En los documentos, las cuatro apoyan en conjunto mantener las pautas del Régimen Nacional de Trabajo Agrario, sancionado en 1980 con las firmas de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz.

Soja sí, libros no. Así podría interpretarse el voto de los empresarios del agro en contra de la resolución 62/2007 de la Comisión, que establece un premio por título, de carácter remunerativo “para todos los trabajadores permanentes que se desempeñen en explotaciones agrarias de manera continua o transitoria”. La norma fue firmada el 31 de octubre del año pasado para que rija en la provincia de Santiago del Estero.

Entre los considerandos de la resolución consta que “luego de un amplio debate y analizado el antecedente respectivo, con el voto negativo de las entidades empresarias Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina, Coninagro y Sociedad Rural Argentina y con la sola abstención del representante del Ministerio de Economía y Producción, debe procederse a su aprobación”.

Lo aprobado establece un plus de 38 pesos mensuales para quienes tengan terminada la primaria, y de 46 pesos para los que tengan aprobada la secundaria. El “premio” que rechazaban las entidades implica un estímulo para que los trabajadores terminen su escolarización.

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) es un ente autárquico, autónomo y tripartito conformado en el ámbito del Ministerio de Trabajo por representantes gremiales, de las empresas y el Estado, a través de la propia cartera de Trabajo, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura. Tiene facultad normativa, es decir, que sus resoluciones son de aplicación obligatoria en el ámbito del trabajo rural. Y son publicadas en el Boletín Oficial. Los miembros discuten los distintos proyectos y luego los someten a votación. En el caso de las resoluciones que resultan aprobadas, el texto incluye los votos negativos, si los hubiera. De allí que en numerosas ocasiones aparece la mención a las cuatro entidades que ahora conforman la Mesa de Enlace. Obviamente, los trabajadores que quedan beneficiados por esas resoluciones son los que figuran en blanco. Una minoría en el campo argentino: apenas un cuarto del total.

Una perla es la resolución 3/2007, que adopta medidas “en relación con la provisión de ropa de trabajo para el personal”. Esta norma fue aprobada el 21 de marzo de 2007 para las provincias de Chaco y Formosa. Establece como obligatoria la provisión de dos equipos de trabajo por año para los trabajadores con más de tres años de antigüedad:

- A todo el personal permanente que se desempeña en explotaciones agrarias de manera continua o transitoria, los patrones deben entregar una camisa, un pantalón y un par de calzado adecuados a la actividad.

- A los trabajadores que realicen tareas a la intemperie en condiciones climáticas de lluvia, rocío fuerte o suelo barroso, lo que deben entregar es una capa impermeable y botas para lluvia. “Este equipo será devuelto a la empresa luego de su utilización”, aclara la resolución.

A la CRA, la Federación Agraria, Coninagro y la SRA, tanta indumentaria les pareció un exceso. Las cuatro votaron en contra, pero la resolución igual fue aprobada.

De todos modos, la discusión que más debate despertó en el seno de la Comisión fue la resolución vinculada con la jornada laboral. El Régimen Nacional de Trabajo Agrario, vigente desde la última dictadura militar, no fija límites para el trabajo diario en el campo. Los reclamos de los trabajadores surgieron en las provincias de mayor poder reivindicativo. En la provincia de Córdoba el debate resultó sellado el 1º de octubre de 2002 y los considerandos de la resolución dan cuenta de los argumentos vertidos. Dicen:

- “Que el Régimen Nacional de Trabajo Agrario no establece una jornada de trabajo limitada para los trabajadores rurales”.

- Que incluso hay resoluciones que fijan jornadas “de sol a sol” o “conforme a las modalidades imperantes en la zona” o “ajustadas a usos y costumbres locales” (es decir, lo que el patrón de estancia quiera).

- Que “los actuales indicadores sociales denotan la existencia de una importante cantidad de trabajadores rurales que desarrollan tareas en exceso de una jornada normal de trabajo, mientras que se advierte el predominio de formas precarizadas de empleo y un elevado índice de desocupación”.

- “Que deben igualmente establecerse límites razonables a la utilización mensual y anual de horas extraordinarias”.

Esos principios erizaron la piel de los empresarios y el último de los considerandos quedó expresado de la siguiente manera (el encomillado es un riguroso textual): “Que las entidades empresarias firmantes (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro) no acuerdan con el contenido de los considerandos que anteceden, ni con la resolución que se dicta en consecuencia, la que sometida a votación ha contado con el acuerdo de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), el representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y el Presidente de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario”.

Así, se estableció –a pesar de los dueños del campo– una jornada de trabajo que no podrá exceder las ocho horas diarias o 48 semanales, de lunes a sábado. Las horas extras, fijó la resolución, no podrán ser más de 30 semanales y 200 anuales, y “deberán ser abonadas con un recargo del 50 por ciento. Domingos y feriados se pagan al ciento por ciento”.

Esa misma resolución fue fijada ese mismo año para las provincias de Buenos Aires y La Pampa, con los mismos votos en contra. En Santa Fe fue aprobada recién dos años después, en 2004. En ese caso, la oposición fue sólo de CRA y la SRA.

El año pasado, la CNTA también determinó las remuneraciones para los cosechadores de algodón en las provincias de Chaco y Formosa. Fue el 6 de setiembre, en la resolución 50/2007. Se fijó un mínimo de 40 centavos por kilo cosechado. Un cosechador junta un kilo en alrededor de diez minutos. A 2,40 pesos por hora, un jornal de ocho horas sin parar suma 19 pesos con 20 centavos. A las cuatro entidades les pareció demasiado. Y votaron en contra.

En negro y como esclavos. LAS CONDICIONES DE TRABAJO QUE DENUNCIAN EN CAMPOS DE RICARDO BURYAILE





El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas tiene una fama peculiar en Formosa, donde su familia tiene extensos campos. El hace juicios por desalojo hasta contra miembros de su familia y Gendarmería tuvo que ir a rescatar a trabajadores paraguayos retenidos en su campo.

Por Laura Vales

“Al vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Ricardo Buryaile, lo conocemos porque tuvo a trabajadores en negro y en condiciones de esclavitud. Los mandó traer del Paraguay para hacer desmontes en su estancia; cuando se quisieron ir porque no les pagaban lo que debían ganar, no los dejaron salir. Tuvimos que ir con la Gendarmería para que pudieran irse”, cuenta Benigno López desde Formosa, del otro lado del teléfono. El referente del Movimiento Campesino de esa provincia, el Mocafor, se refiere al mismo dirigente ruralista que esta semana se fue de la banquina con un sincericidio: “Si el Congreso ratifica las retenciones debería ser disuelto”. El vicepresidente de CRA tiene su estancia en aquella provincia del norte del país, donde en estos días está haciendo juicio por desalojo a familias de la zona.

–¿Buryaile es del mismo lugar donde están ustedes?

–Sí, de la zona donde tenemos la central del Mocafor, ahí tiene su estancia. El viene de la familia de los Nicora, que son una familia ganadera. Buryaile era su papá, que ya falleció. Tienen muchas hectáreas, porque fueron beneficiados con la política de concentración de tierras que se realizó principalmente durante el proceso militar. Mientras a los pequeños productores se les quemaba el rancho y se los desalojaba, ellos acrecentaron su propiedad.

–¿Cuándo sucedió lo de los trabajadores en negro?

–Hace ocho años. Nosotros tuvimos un incidente con él por estas personas que tenía, como le digo, en negro y en estado de esclavitud. Eran ciudadanos paraguayos que fueron traídos a trabajar. Querían cobrar sus ingresos y no lo podían obtener, y por eso quisieron dejar el trabajo, pero no los dejaron salir. En aquel momento nosotros intervinimos con la Gendamería nacional para que pudieran cobrar y volver a su país.

–¿Para qué tipo de trabajos los habían contratado?

–Hacían desmonte, trabajando a mano.

–¿Cuántas personas eran?

–Creo que ocho, no sé si el número es exacto porque fue hace tiempo. Actualmente tenemos otro incidente, porque Buryaile inició un juicio contra diez familias campesinas de la Colonia Santa Rosa. Estas familias están asentadas, son dueñas de las tierras desde hace más de 45 años pero no tienen papeles de propiedad privada. Son parientes de los Nicora y pagaron esa tierra con trabajo, pero cuando los Buryaile gestionaron la propiedad de sus tierras incluyeron la de ellos como propias y hoy los quieren expulsar.

–¿Sabe cuántas hectáreas tiene Buryaile?

–Seguro más de 10 mil.

–¿Cómo se pobló Formosa para que se diera esa concentración de la tierra?

–Después de la Guerra de la Triple Alianza se inició un proceso de ocupación del espacio territorial de la provincia por el que se adjudicaron grandes extensiones de tierras a manos privadas, a través de una ley nacional. Después vinieron campesinos paraguayos e indígenas a trabajar para La Forestal en condiciones de esclavitud. Años más adelante, llegaron desde el oeste salteños y desde el este paraguayos, que terminaron de poblarla. Estas familias tenían una situación irregular porque carecían de títulos de propiedad. En los ’60 y ’70 se fueron organizando las Ligas Agrarias para reclamar la posesión legal de las tierras, pero el proceso militar nos derrotó e hizo un “ordenamiento” con la intervención de un coronel de apellido López. Así repartieron grandes extensiones a los amigos del proceso, mientras los campesinos y antiguos pobladores eran expulsados o arrinconados. Hoy la mayoría de esos pequeños productores tienen sólo un título de adjudicación en venta (una constancia de que son pobladores ancestrales), mientras que los estancieros amigos del poder pudieron obtener sus títulos de propiedad.

–Las situaciones de trabajo en negro de las que habló, ¿siguen sucediendo hoy?

–En la provincia, como en todo el país, un alto porcentaje de los trabajadores rurales está en negro. Por lo general, en las grandes estancias trabajan familias que viven en una casa precaria. Trabajan todos, pero el único que cobra es el jefe de familia. Es algo típico de los campos de la Argentina.

–¿Quedó abierta alguna causa en la Justicia contra Buryaile?

–Entiendo que todo se cerró. La gente fue apretada, aquellos trabajadores volvieron al Paraguay y ya no regresaron. En su momento nosotros hicimos la denuncia ante la Gendarmería, pero después... en Formosa no hay causas abiertas contra los dueños de grandes extensiones de tierras.

–¿Formosa está afectada también por el avance, de la soja?

–Sí, nosotros abrimos causas judiciales porque algunas comunidades campesinas del Mocafor fueron fumigadas con glifosato. Se destruyeron cultivos, murieron animales, se enfermaron compañeros nuestros. Aparte, al ampliarse la frontera agropecuaria por la soja hay desmontes y quemas.

–¿Cómo se vive el lockout en la provincia?

–Con problemas de desabastecimiento, porque acá también hubo cortes.

–¿Qué postura tiene el Mocafor?

–Estamos en contra; de entrada, tenemos una historia desgraciada con estas entidades, que en la década del ’70 fueron los que nos expulsaron de las chacras. Aparte, creemos que la medida de las retenciones móviles es acertada, porque el Estado tiene que intervenir en el comercio exterior de la producción del agro. El Estado tiene que intervenir también en el comercio interno de alimentos. En Formosa hoy hay 10 mil familias de pequeños productores y prácticamente ninguno apoya el lockout.

–En pleno conflicto por las retenciones ustedes crearon el Frente Nacional Campesino. ¿Por qué?

–Porque hay 250 mil familias campesinas en el país que no tienen una entidad nacional que las represente. Siempre lo intentamos, y ahora una vez más estamos tratando de organizarnos en todo el país para llevar nuestros reclamos ante el Estado y proponer medidas que apunten a una nueva política agropecuaria.

–Se reunieron con el Gobierno. ¿Qué resultados hubo?

–Nos reunimos con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; con la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner; con (el secretario general de la Presidencia) Oscar Parrilli, con la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Y esta semana vamos a volver al Congreso, para hablar sobre las retenciones y también sobre una nueva política agropecuaria, porque la actual es inviable. Nosotros cuestionamos el modelo agroexportador basado en la soja, la concentración de la tierra y la extranjerización de los recursos naturales. Lo venimos cuestionando hace mucho tiempo; ésta es la oportunidad de rever esa situación.

Hablando de más plata que nunca. LOS CALCULOS ECONOMICOS QUE HACEN LOS PRODUCTORES





Un informe basado en lo que esperaban ganar los productores sojeros y lo que cobran ahora muestra que el sector se llevó una agradable sorpresa. La suba de precio de herbicidas y fertilizantes es un factor menor; lo que más pesa es la renta. Y la suba de precios internacionales compensa todo, largamente.

Por Roberto Navarro

Los dirigentes de las entidades agropecuarias están tratando de convencer a los legisladores de que las retenciones móviles a la soja les restaron rentabilidad y en algunos casos les hacen perder dinero. Aseguran que el Gobierno no tuvo en cuenta el aumento de los precios de insumos, como los herbicidas y los fertilizantes. Incrementos que, señalan, subieron fuertemente el total de sus costos. PáginaI12 tuvo acceso exclusivo a un informe oficial sobre esa cuestión que circula en los principales despachos del Gobierno, basado en datos de Márgenes Agropecuarios, la publicación más importante del sector. El documento revela que la incidencia de esos insumos es poco relevante en la ecuación económica de los productores. Según los datos de la revista más consultada por el sector en conflicto, el costo más importante es el del arrendamiento de la tierra; luego sigue el de comercialización; tercero, la siembra; cuarto, la cosecha y por último los herbicidas y fertilizantes. De éstos, el más caro es el glifosato, que como máximo significa el 7 por ciento del costo total de una explotación agropecuaria. Así, el informe concluye que, a pesar del aumento de costos y de la implementación del nuevo esquema de retenciones móviles, todos los productores ganan más en la actualidad que en el momento en que sembraron en octubre.

Por ejemplo, un productor de 150 hectáreas de Santiago del Estero sembró esperando una rentabilidad de 203 dólares por hectárea. En el momento de la cosecha, aun tomando en cuenta los costos actualizados y ya con el nuevo esquema arancelario, su ganancia se elevó a 241 dólares, un 19 por ciento más. Si además se presentó a cobrar las compensaciones, su renta se elevó a 349 dólares, un 74 por ciento más que lo estimado al sembrar.

A su vez, un productor de 2000 hectáreas en la pampa húmeda estimaba en el momento de la siembra una ganancia de 506 dólares por hectárea. Al levantar la soja, tomando en cuenta los nuevos costos y el aumento de las nuevas retenciones, consiguió una ganancia de 667 dólares, un 32 por ciento más.

Más de cincuenta mil productores reciben mensualmente la revista Márgenes Agropecuarios. Así comparan sus costos y conocen las novedades de insumos y tecnología en artículos escritos por los más reconocidos ingenieros agrónomos y economistas del sector. El informe al que accedió este diario incluye un relevamiento de su ejemplar de octubre de 2007, cuando se sembró la soja, y el de mayo, cuando se terminó de cosechar. En este trabajó se comparó la rentabilidad esperada al realizar la inversión, con la realmente conseguida luego del aumento de las retenciones y los costos, para los casos de una explotación pyme de la pampa húmeda y otra de Santiago del Estero. También se comparó la expectativa y el resultado de un campo de 2000 hectáreas en ambas áreas. En el relevamiento se analizaron las distintas rentabilidades teniendo en cuenta los costos para el caso de que los campos sean propios o alquilados. Por último, se realizó el mismo cálculo para los propietarios que en lugar de trabajar sus campos los arriendan. En todos los casos, la rentabilidad en el momento de la cosecha, con retenciones móviles incluidas, es superior a la esperada en el momento de la siembra.

Los costos

Uno de los argumentos que más utilizan los dirigentes agropecuarios para justificar su reclamo es que sus insumos subieron tanto de precio, que les comieron la rentabilidad. Del que más hablan es del glifosato, un herbicida cuyo principal comercializador es Monsanto y que mata todo tipo de hierba-maleza pero no la soja transgénica. Entre octubre y mayo ese producto aumentó un 43 por ciento. Su participación en los costos varía de un 3,5 a un 7,0 por ciento según el tipo de explotación. O sea que, como máximo, el glifosato incrementó los costos de producción de soja en un 3 por ciento. Esto en el caso de un pequeño productor de la zona extrapampeana. El resto de los agroquímicos y fertilizantes tuvieron un incremento de precios menor y su ponderación en los costos tiene aun menos relevancia.

Cada vez más productores tercerizan la siembra y la cosecha. Esos costos, que sumados rondan entre el 14 y el 18 por ciento según el tamaño y tipo de explotación, se pagan en quintales de soja. Pero el precio que se toma es luego de retenciones. En la llamada zona núcleo, lo mejor de la pampa húmeda, es donde se consiguen los mejores rindes. En esa región, que abarca parte de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, un pequeño campo de 150 hectáreas sembró en octubre último con la expectativa de conseguir una rentabilidad de 434 dólares por hectárea. Al cosechar, ya con un 44 por ciento de retenciones, su ganancia se elevaba a 529 dólares, un 21 por ciento más. Pero luego tuvo la posibilidad de reclamar una compensación porque no llega a las 500 toneladas por año. Si la realiza, la renta llega a 681 dólares la hectárea, un 56 por ciento por arriba de lo estimado en la cosecha. Hablando en plata: esperaba ganar 205 mil pesos, recibió 250 mil y si reclamó las compensaciones, cobró un total de 322 mil pesos.

Márgenes Agropecuarios ofrece el mismo caso, pero pagando el alquiler del campo, y actualiza el precio de la renta para tener los costos al día. Así, un productor que arrendó 150 hectáreas en la zona núcleo estimaba una ganancia en el momento de la siembra de 112 dólares y terminó ganando 149 dólares, un 37 por ciento arriba de lo esperado. Si se le suma la compensación por pyme, la rentabilidad total alcanza los 229 dólares, un 103 por ciento más que en el momento de la siembra. Así, de 52.900 pesos que pensaba ganar, puede conseguir con la compensación incluida 108.400 pesos.

El informe explica que en los seis meses que tardó la semilla de soja en convertirse en el preciado poroto y estar listo para ser cosechado el precio internacional de la oleaginosa se incrementó en un 100 por ciento. En ese mismo lapso las retenciones subieron 17 puntos porcentuales, pasando de un 27 por ciento en octubre (un 35 por ciento en noviembre) a un 44 por ciento en el momento de la cosecha. Es decir que primero duplicó su valor y luego el Estado le quitó un 17 por ciento extra. Por eso, a pesar del aumento de los costos, en todos los casos la renta actual es mucho mayor que la esperada en el momento de la siembra.

Los gastos de comercialización sojera varían entre un 16 y un 25 por ciento del costo total y dependen del tamaño y de la ubicación de la explotación. Un productor pequeño tiene costos mayores y el flete en algunas zonas tiene un impacto importante. Un campo de 2000 hectáreas en Santiago del Estero se sembró de soja en octubre último esperando una ganancia de 276 dólares la hectárea. En el momento de levantar la cosecha, con las retenciones móviles ya establecidas, terminó arrojando una rentabilidad de 360 dólares la hectárea. En total, de los 1,74 millones de pesos que pensaba ganar, terminó recibiendo un 36 por ciento más: 2,27 millones de pesos, un extra de 510 mil pesos en seis meses. Si el campo es alquilado el productor pasó de un estimado de 730 mil pesos a una ganancia real de 998 mil pesos.

El informe oficial fue realizado en base al número de mayo de la revista de los productores agropecuarios, con un precio de 490 dólares la tonelada de soja. El viernes último cerró a 548 dólares y las retenciones ya llegan al 46,5 por ciento. Los dirigentes agropecuarios han instalado en los medios que cuanto más suben las retenciones, más pierden: la realidad es la opuesta. Las retenciones suben porque el precio de la soja aumentó y de ese incremento más de la mitad queda en manos del productor. Es decir que los que sembraron en octubre y aún no vendieron, recibirán una ganancia mayor aun que la expresada en esta nota.

jueves, 19 de junio de 2008

Presencia de la CTA en la Plaza.





Antes de que llegaran las columnas más grandes a Plaza de Mayo, un grupo que entró por Diagonal Sur atrajo la atención de los periodistas. Serían unas treinta o cuarenta personas que llevaban una pancarta que decía “Gualeguay-Entre Ríos. Vinimos solos, nadie nos pagó”. Seguramente los periodistas fueron atraídos porque en Gualeguaychú, otro pueblo entrerriano, está el foco de resistencia a las retenciones. El grupo de militantes gritaba consignas contra los sojeros.

“Los sojeros son todos extranjeros que se llevan la plata afuera”, decían. Había otros grupos relacionados con el campo, como uno que avanzaba bajo un cartel que decía “Emprendedores y horticultores de Estancia Chica”, y otros de movimientos originarios. Un grupo nutrido, que entró a la Plaza con sectores del centroizquierda que apoyan la política de retenciones, llevaba una gran pancarta que decía “Frente Nacional Campesino”, que agrupa a trabajadores y pequeños productores de Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Misiones.




En la cabeza de esa columna había una buena cantidad de intelectuales como Nicolás Casullo, Ricardo Forster, Horacio Verbitsky, Cristina Banegas, Norberto Galasso, Eduardo Jozami, Lilia Ferreyra, parte de los firmantes de la Carta Abierta de los intelectuales, y también el titular de la CTA, Hugo Yasky. Pero la CTA tiene un sector cercano a la Federación Agraria que optó por no asistir al acto a favor de las retenciones y se aclaró que Yasky participaba sólo a título personal. De todos modos, en esa columna había muchas pancartas con la sigla de la CTA, de Suteba y de distintas dependencias oficiales que responden a ATE. En la cabeza de esa columna marchó también Victorio Paulón, titular de la UOM de Villa Constitución y miembro de la CTA. “Somos un sector independiente que ve que el Gobierno soporta una fuerte embestida de la derecha y vinimos a dar nuestro apoyo crítico al Gobierno”, sostuvo Paulón. Caminando entre la multitud también se pudo visualizar al filósofo marxista León Rozitchner y al escritor Noé Jitrik.

Si bien no era la columna más nutrida, era la que expresaba la diversidad de la vertiente del centroizquierda, ya que allí también marcharon los miembros del Frente Grande, del Partido de la Victoria y del Partido Socialista de la Provincia de Buenos Aires, del Partido Intransigente y el Partido Solidaridad (PSOL) que encabeza Carlos Heller. En esa columna también marcharon el Partido Comunista y el Partido Humanista, y agrupamientos de derechos humanos, como Familiares, Madres de Plaza de Mayo e H.I.J.O.S. El diputado Ariel Basteiro afirmó que la “masividad del acto demuestra que la Argentina no es solamente la que se expresa en Gualeguaychú y los cortes”.

Las columnas de los gremios aportaron más manifestantes que en la última concentración en Plaza de Mayo, al igual que los intendentes del conurbano. En estos dos sectores sobresalieron las de los camioneros, encabezada por Pablo Moyano, en el caso de los gremios, y la de La Matanza, en el caso de los intendentes, muchos de los cuales se habían reunido en un café de la calle Bolívar para luego encaminarse juntos al escenario desde donde asistieron al acto.

Al igual que en el acto anterior en la Plaza, los movimientos sociales movilizaron gran cantidad de personas. Las columnas del Movimiento Evita, Libres del Sur, Frente Transversal y Federación Tierra y Vivienda, junto a innumerables agrupaciones, mutuales y salitas barriales y centros culturales, entraron por Avenida de Mayo y gran parte de ellas quedaron afuera de la Plaza. “¿Por qué con toda esta militancia no se arman mesas en los barrios para difundir el tema de las retenciones?”, discutían dos militantes mientras pasaba esta columna. “Porque éste es un problema de algunos barrios de la Capital y en el interior, en los barrios donde están las agrupaciones, ese problema no existe”, respondía el otro, sin que el primero quedara muy conforme.

A las 11.30, poco antes de que se concentrara la multitud, había grupos dispersos, algunos de los cuales habían llegado desde el interior del país. La parte superior de un farol se desprendió y cayó sobre la cabeza de un joven tucumano de 21 años, Carlos Marriera, de la localidad de Lules. El joven fue atendido en el Hospital Argerich, pero murió por el impacto. Algunos medios dijeron que había sido acarreado desde su provincia por el pago de cien pesos. Algunos de sus compañeros dijeron que militaba en una agrupación de municipales de su localidad. Por lo pronto, un importante portal de Internet abría sus noticias del día con el siguiente titular: “Ya hubo un herido en el acto de Plaza de Mayo”.

Antes del discurso de la presidenta Cristina Fernández cantaron Fontova e Ignacio Copani, que arremetió con Cacerolas de teflón, un tema que ironiza sobre las caceroleras de Barrio Norte y que fue aplaudido por los manifestantes que iban llegando. Después de cantar, le tocó sentarse junto al ex presidente Néstor Kirchner y desde allí siguió el resto del acto. También iba a cantar Mercedes Sosa, pero se excusó por el frío. Cuando terminó el acto, la cantante estaba en el interior de la Casa Rosada y se abrazó con la mandataria.

Por Luis Bruschtein

PORQUE VAMOS A LA PLAZA


Hugo Yasky, Martín Sabbatella, Horacio Verbitsky, Juan Gelman y siguen las firmas
Por qué vamos a la plaza

Hoy a las 15 nos concentramos en Avenida de Mayo y Perú, en defensa de la democracia y en reclamo de mayor distribución de la riqueza y participación popular.

Lo haremos desde nuestra propia identidad y sin ahorrar críticas al Poder Ejecutivo Nacional, pero en respaldo de la institucionalidad democrática y de las medidas progresivas que enfurecieron a una nueva derecha que usa la retórica del diálogo y el consenso y se envuelve en los símbolos nacionales mientras pretende imponer por la fuerza del lockout y el desabastecimiento una política distinta a la que la mayoría del pueblo votó hace pocos meses y en defensa de sus ganancias extraordinarias. Ante cualquier nuevo aumento de los precios internacionales de alimentos y materias primas agropecuarias, las retenciones móviles son la única defensa de la mesa popular.

Somos miembros de organizaciones sindicales como la CTA, CTERA, la Unión Obrera Metalúrgica; de derechos humanos como el CELS, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; de movimientos como Tupac Amaru y Patria Grande; de entidades de pequeños empresarios, como la Asamblea de PYMES y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos; economistas que forman parte del Plan Fénix; decanos y profesores universitarios, científicos e investigadores; sacerdotes en opción por los pobres; dirigentes políticos que demostramos la posibilidad de construir alternativas populares sin clientelas ni aparatos; intelectuales y artistas integrantes del espacio Carta Abierta y ciudadanos sin militancia partidaria ni institucional.

No formamos parte del gobierno. Objetamos la destrucción del INDEC y la construcción del tren bala, la negativa a reconocer la personería de la CTA y la alianza con sectores empresarios que fueron socios de los gobiernos neoliberales. No nos sentimos representados por el repliegue oficial sobre estructuras políticas y sindicales obsoletas.

Pero la restauración conservadora en marcha, con el impulso de un sector de la izquierda que imagina protagonizar una revolución agraria, no cuestiona los defectos sino los aciertos del gobierno, al que intenta imponerle sus intereses económicos por encima del interés general, sin reparar en costos ni en métodos. Cuestiona la reconstrucción de la autoridad del Estado luego del colapso de 2002, el saneamiento de la Corte Suprema de Justicia, el juicio a los responsables del Estado terrorista, el drástico descenso de la desocupación, la actualización de los ingresos de jubilados y pensionados, el establecimiento de un haber para las personas mayores de 70 años que no tenían ninguno, el aumento del presupuesto educativo, la creación de un ministerio de ciencia y tecnología, la política exterior independiente, en asociación con los gobiernos democráticos de Sudamérica. No busca un avance sino un salto atrás.

Contra toda evidencia se acusa de autoritario y soberbio al primer gobierno que ha prohibido el uso de armas de fuego en el control de manifestaciones y se moteja de represión violenta al desalojo con guantes de seda de la ruta del MERCOSUR, por la que desde hace tres meses no se permite el tránsito de mercaderías, obligando a tirar millones de litros de leche y toneladas de frutas y verduras. De ese clima deslegitimador, parecido al que minó la presidencia de Arturo Illia, participan en forma tan entusiasta como irreflexiva sectores de las clases medias urbanas influidos por la cobertura tendenciosa de diarios y canales de televisión temerosos de que se democratice la comunicación de masas.




De esta crisis, no menos grave porque se la niegue, sólo se sale con más democracia y más distribución de la riqueza. Para ello se impone una reforma impositiva integral, que grave a todos los sectores que en estos años han tenido beneficios extraordinarios, como la especulación financiera, la minería y la pesca. Sin esos recursos no hay forma de atacar los altos niveles de hambre y exclusión, intolerables en uno de los grandes productores de alimentos del mundo.

Ésa es la voz propia con la que hoy iremos a la Plaza de Mayo, en defensa del valioso trayecto recorrido desde mayo de 2003 y en demanda de su profundización, con mayor calidad institucional y con participación popular.

Hugo Yasky, Martín Sabbatella, Horacio Verbitsky, Laura Conte, Hugo Canon, Juan Gelman, Adrián Paenza, Eduardo de la Serna (Movimiento Carlos Mugica, de sacerdotes en opcion por los pobres), Abraham Gak, Juan Pablo Paz, Alberto Kornblihtt, Carlos Heller, Horacio González, Nicolás Casullo, Lilia Ferreyra, Ana Cacopardo.